Hubo un tiempo en el que el Atleti tuvo más juicios pendientes que fichajes en el punto de mira. Entre medias de dos procesos judiciales, el Caso Camisetas y el Caso Atlético, (que determinaron, no solo, el curso de dos temporadas sinó el devenir del club) estalló una tercera carga de profundidad, el llamado Caso ‘Negritos’. Dejando aparte el dudosísimo gusto de la Policía poniendo nombre al caso, el caso acabó siendo el más mediático. Fue uno de los tres casos que azotaron la actualidad y estabilidad del club a finales de siglo. La sincronía en el tiempo de las causas pendientes hizo zozobrar más que nunca el futuro y la viabilidad del club.
No obstante, tuvieron un efecto mucho más pernicioso aún en el afectado, Jesús Gil y Gil que veía como la acumulación de causas judiciales suponía su declive como persona influyente. No fueron los únicos que afectaron a Jesús Gil por supuesto pues tanto antes como después de fallecido se vio entremezclado en dos casos con tinte marbellí y urbanístico (Caso Malaya y Caso Saqueo) que no afectaron al Atlético de Madrid. No son pocos los que atribuyen a todas estas causas abiertas el empeoramiento de su salud en sus años finales.
Volviendo al caso en cuestión la cronología de los hechos nos hacen remontarnos a 1998 cuando el Atlético de Madrid fue acusado de (y posteriormente condenado por) simular cuatro contratos haciendo pasar por futbolistas a cuatro chavales que no eran profesionales, en algún caso resultaba difícil pensar que fueran a ser capaces de vivir del fútbol. Por supuesto ninguno de los cuatro llegaron a jugar en el primer equipo.
Cuatro personas de raza negra, Abbas Lawal, Limamou Mbengue (‘Lima’), Maximiliano de Oliveira (‘Maxi’) y Bernardo Matias Djana, fueron contratados siendo adolescentes como jóvenes talentos por un valor de 2.740 millones de pesetas (unos 16 millones de euros) a la empresa «Promociones futbolísticas», controlada por los Gil, según la Fiscalía Anticorrupción, por lo que estaba habiendo un vaciado patrimonial por esa cantidad simulado como un activo ficticio.
Abbas Lawal, el más conocido, sí era futbolista y llegó a jugar en Segunda División. Se quedó sin equipo en 2006. Su valor según Promociones Futbolísticas eran 1.000 millones de pesetas. ‘Lima’ (Limamou Mbengue) también era futbolista y llegó a jugar en Segunda División tres temporadas. Fue valorado en 290 millones de pesetas. ‘Maxi’ (Maximiliano de Oliveira) no era africano como los otros tres, sino brasileño. A pesar de haber trabajado más tiempo como albañil (En Marina D’Or entre otros sitios) que como futbolista, fue contratado con un valor de 1.000 millones de pesetas.
Bernardo Matías Djana era un angoleño-portugués estudiante de carpintería que hizo una prueba con el Atlético por mediación de los Padres Mercedarios, donde estaba acogido. Llegó a estar cedido al Rayo Majadahonda por un sueldo de unos 300 euros al mes más el abono transportes. Su valor según Promociones Futbolísticas era de 350 millones de pesetas.
La estafa con tintes de la España cañí, puede tener una explicación diferente y más mundana al vaciado de caudales, según algunas fuentes. Dicen gente cercana al club que este estilo de triquiñuelas era en realidad una pantalla para pagar parte de los contratos de los futbolistas profesionales (los que jugaban de verdad) y «era lo normal en todos los clubes para pagar menos al fisco». Para ello «se inflaba a propósito el valor de mercado de jugadores con poco recorrido y luego se apuntaban como pérdidas. Pero en este caso, dicen, «se les fue de las manos».
Según estas versiones, los futbolistas profesionales (los de la primera plantilla) tenían dos tipos de ingresos, la ficha que cobraban de manera legal (en términos contables, en ‘A’) y el dinero procedente de fuentes diversas que se blanqueaba mediante los contratos inflados para poder cumplir con el resto de los ingresos pactados en secreto y pagados en dinero negro a los futbolistas (en términos contables, en ‘B’). Hoy en día este tipo de conversaciones son más fáciles de tener por dos motivos: este tipo de prácticas se ha erradicado de los clubes profesionales y todos los posibles delitos fiscales han prescrito.
La sentencia del Caso ‘Negritos’ fue diáfana. Miguel Ángel Gil (y familia) como herederos del fallecido Jesús Gil y Gil, fueron condenados a pagar los 2.740 millones de pesetas (más de 16 millones de euros) por simulación de contrato, cantidad que debía ser repuesta al club. Tanto Jesús Gil como Miguel Ángel Gil-Marín fueron condenados a dieciocho meses de cárcel. No cumplieron ni un día de pena; el primero porque había fallecido cuando se dictó condena y el segundo por ser una condena menor a dos años y el Consejero, carecía además de antecedentes judiciales. La capacidad de Gil-Marín para esquivar las condenas puede calificarse de notable sin duda.
Se puede decir que esta condena también le salió económicamente gratis a los condenados aduciendo a lo que dice Señales de Humo. Afirma esta asociación de pequeños accionistas y activistas rojiblancos que «cuando instamos a que recuperaran lo desembolsado, se autodemandaron (el club demandó a Promociones Futbolísticas que había sido la empresa contratante), reclamando la cantidad, pero perdiendo a propósito el club la demanda para que Promociones Futbolísticas no tuviera que pagar al Atlético de Madrid».
El caso de los cuatro futbolistas adolescentes, el Caso ‘Negritos’, es la guinda a la terna judicial rojiblanca: una época oscura y bochornosa. Al escarnio por la pésima gestión deportiva del club en los años que llevaron al descenso a Segunda División se fueron uniendo causas judiciales que hicieron que el Atleti fuera actualidad judicial con más frecuencia que actualidad deportiva. Durante el final del siglo veinte, el dinero que entró al club como un río caudaloso y sano, se escapó del mismo como un torrente irrefrenable y desbocado y lo que quedó en medio fue un club asolado, enterrado en barro y con su futuro enfangado.